Hernando F. Calleja
Nada sería tan torpe como que los dos partidos mayoritarios se enzarzaran en una discusión durante mes y medio sobre lo bien o lo mal que va la economía. Es cierto que en algunas áreas las cosas han mejorado, que la economía crece, que estacionalmente el desempleo es menor, que el sector exterior aporta lo que no añade el consumo interior, pero nada de eso va a importar a partir del 24 de julio a quien tenga la responsabilidad de gobernar, en principio, durante los cuatro próximos años.
Lo que va a determinar la legislatura próxima es el cómo, el cuánto y el cuándo relacionados con la mastodóntica deuda, que cabalga a galope sobre los programas económicos que sean capaces de ofrecer los partidos a los electores. Ese 113,2 por ciento del PIB, que suponen el billón trescientos cincuenta y seis mil millones que debe el Estado, más los compromisos derivados de la propia dinámica de estos meses y hasta que se conforme el nuevo Ejecutivo.
Para empezar, cada uno de los cuatro años de legislatura, el gobierno que nos deparen las urnas deberá emitir unos 250.000 millones de deuda para renovar la que va venciendo, ello sin contar los intereses que cada año hay que librar como coste de esa deuda. Aquí no juega el porcentaje de deuda sobre el PIB, sino el monto real de lo que debe el Estado, con lo que cualquier artificio que se presente sobre lo que va a crecer la economía y, en consecuencia, lo que se va a reducir la deuda, no será más que eso, un fuego de artificio. ¿Habrá algún partido que hable en su programa de cómo va a resolver esta cuestión?
Con estos datos por delante, el próximo año, la Unión Europea va a estrechar enormemente el camino a los países que no dominen su déficit y su deuda. No volverá quizás (la batalla soterradamente ya ha comenzado) a la firmeza y rigidez de la política que siguió a la crisis financiera de 2008 en cuanto a los plazos, pero si mantendrá los objetivos.
La última hornada de políticos españoles, que parafraseando a don Pío Baroja, nadan en el océano de la vulgaridad, se echan en cara de continuo asuntos de pasado reciente y de pasado remoto, tienen memoria selectiva, que es una forma de mentirse a uno mismo y mentir a los demás. Por ello olvidan que hubo que cambiar hasta la Constitución española (Artículo 135) para dar garantías a la Unión. El texto constitucional ahora exige que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Este añadido deja todo muy claro.
O sea, la principal materia por dilucidar en esta campaña electoral, al margen de las fantasías con que nos obsequian en estos periodos, es el cómo, el cuánto y el cuándo van a reducir el déficit y la deuda.
Soy muy escéptico sobre la voluntad de ninguno de los partidos en litigio de hablar de este asunto en la campaña. Será más divertido comentar el último decretazo del Gobierno en el que socapa de atender ayudas para la sequía se han metido de rondón las pamplinas del Presidente en la campaña anterior, que puestas en fila pueden salir por un pico. Nadie se opuso en la Diputación Permanente del Congreso que lo convalidó.
Siguen nadando en el océano de la vulgaridad.
Una oportunidad para hablar de la deuda y del déficit