Hernando F. Calleja.
El Gobierno admite sin reparos que la reforma del sistema de financiación económica que se recoge en su programa de coalición (Capítulo 9.2) no se va a llevar a cabo. En realidad no hacía falta que la aspaventosa ministra de Hacienda lo admita. Reconociendo su urgencia, era fácil de adivinar que con un proceso electoral en la mayoría de las comunidades autónomas del régimen común de por medio, era una heroicidad no esperable que se iniciara siquiera el proceso negociador previo.
De hecho, ni la situación política ni la situación económica lo permitían desde casi el comienzo de la legislatura. Digamos que el propósito programático nunca ha merecido la atención del Ejecutivo, porque su voluntad era dejar pasar el tiempo en esta materia, pese a todos los reconocimientos formales que se hacen sobre su necesidad y su perentoriedad, tal como dice el propio documento: “Aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual”.
Quede claro para el lector que el sistema actual al que se refiere el documento es el que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero, con Elena Salgado de titular del Ministerio de Hacienda, a quienes en puridad deben ir dirigidas las críticas explicitas de la coalición. Un sistema, el vigente, que se aprobó en 2009 contra viento y marea, en plena crisis financiera, con un elevadísimo déficit público, sin consenso político y con una presión considerable de gobierno tripartito de Cataluña.
Es cierto que la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 ya hacía muy difícil, si no imposible, adentrarse en una reforma como la que requiere la situación actual y las proyecciones a medio plazo. Pero también lo es que el Ejecutivo ha mantenido el señuelo hasta hace relativamente poco tiempo, incluso elaborando un papel oficioso que recibió críticas a diestra y siniestra por su escasa consistencia técnica y la falta de compromiso que evidenciaba. Lo hizo en 2021 sin tiempo para que un eventual (y sorprendente) acuerdo hubiera cabido en los presupuestos de 2022 y a lo largo del año pasado no dio un paso más para que hubieran entrado en los de 2023.
Con la campaña electoral autonómica encima, las carencias, asimetrías y ambigüedades se quedan ancladas en el tiempo desde 2009, al menos hasta la próxima legislatura. Y si esto no es bueno, bastante peor es que se deje de hablar de ello, tanto por el Gobierno en falta como por la oposición en el limbo.
Elaborar un sistema de financiación autonómica no es solo buscar y aplicar recursos. Es, principalmente, definir el límite que se propone a la decisión política de descentralización funcional del Estado. Es jugársela a declarar si se avanza hacia la federalización, si se mantiene el statu quo o si se retrocede en la descentralización como algunos partidos proponen.
Nada menos.
https://www.diarioabierto.es/654385/la-financiacion-autonomica-de-vuelta-al-cajon